Su propósito es disminuir el riesgo financiero, mejorar el flujo de caja y evitar que las cuentas por cobrar se conviertan en pérdidas.

Este servicio se divide en dos grandes etapas:

1. Cobranza extrajudicial (o Prejudicial)

Busca recuperar la deuda sin necesidad de llegar a juicio, utilizando herramientas legales y de negociación.

Incluye:

• Revisión y validación documental de la deuda.

• Contacto directo con el deudor (llamadas, correos, notificaciones formales).

• Emisión de cartas de cobranza con fundamentación legal.

• Negociación de acuerdos de pago, refinanciamiento o reestructuración.

• Informes de avance y trazabilidad para la pyme.

Objetivo: recuperar el dinero de forma rápida, económica y sin litigio.

2. Cobranza judicial (Recupero Legal)

Cuando el deudor no paga en la etapa extrajudicial, se procede a un proceso judicial para obtener el cobro forzado.

Incluye:

• Preparación de la demanda y patrocinio legal.

• Tramitación completa del juicio (monitorio, ejecutivo u ordinario, según corresponda).

• Solicitud de medidas cautelares (embargos, retenciones, prohibiciones, etc.).

• Ejecución de la sentencia para recuperar el monto adeudado.

Objetivo: usar las herramientas judiciales para garantizar que la deuda se pague, incluso mediante embargo de bienes, cuentas o activos.

¿Por qué es importante para las Pymes?

• Reduce el riesgo de cartera incobrable, una de las principales causas de insolvencia en pequeñas empresas.

• Ordena y profesionaliza la gestión de clientes morosos.

• Evita que la empresa gaste tiempo y recursos en perseguir deudas.

• Permite proteger el patrimonio de la pyme y darle continuidad operativa.

• Mejora la salud financiera y la liquidez.

¿Qué aporta el área legal?

Un servicio de cobranza con respaldo jurídico no solo gestiona la deuda, sino que también respalda y protege a la pyme:

• Uso adecuado de contratos, pagarés y documentos exigibles.

• Aplicación correcta de intereses, reajustes y cláusulas penales.

• Evaluación del riesgo legal de cada caso.

• Cumplimiento estricto de normativas para evitar reclamaciones o multas.